Desde el año 2007, la primera y
más importante política educativa del gobierno sandinista ha estado referida a
la elevación de la matrícula escolar en todos los grados, ciclos, niveles y
modalidades de las educaciones correspondientes a la educación básica y media.
La primera medida que se estableció en la búsqueda de este propósito fue la
referida a la gratuidad de la educación y el cero cobro en todos los centros
educativos públicos del país. Para financiar esta medida, y para no seguir
cobrando a los padres de familia por la educación de sus hijos, el Gobierno
destinó alrededor de 170 millones de córdobas solo en el año 2007.
Conjuntamente
con la gratuidad, el Gobierno de la República y todos los movimientos políticos
y sociales del país como un todo, y no solo el Ministerio de Educación, se
movilizan año con año para promover y propagandizar la matrícula escolar,
especialmente de la niñez de la educación preescolar, primer, sexto y noveno
grado, y la población en edad escolar con capacidades diferentes. La
consideración de la matrícula escolar como una tarea global e integral del
Gobierno, y no sectorial del Mined de la rama educativa, explica el lugar que
la educación tiene para el Ejecutivo sandinista en su lucha por la eliminación
de la pobreza en nuestro país.
A la par
de la gratuidad y las grandes movilizaciones anuales de cara a la matrícula
escolar en todos los inicios de año, programas bandera como Usura cero, Hambre
cero, Casas para el pueblo, la Alfabetización y Educación de Adultos, la
Merienda Escolar y, el más reciente, Programa de Bachillerato Técnico en el
Campo apuntan directamente, y sin mediaciones, a la matriz donde se incuba,
genera y reproduce la pobreza.
La
atención privilegiada a la matrícula escolar, a la par de la Alfabetización de
Adultos y el énfasis en la atención a la educación de la primera infancia,
siendo actividades que se realizan en el interior de los muros escolares,
contradictoriamente, no son actividades sobre las cuales hay que interrogar de
sus logros y fracasos exclusivamente a las escuelas y a las instituciones que
las patrocinan. En estos temas, como en tantos otros de la vida social, los factores
causales que los determinan se ubican más en el entorno económico y social que
en la propia política educativa o en las escuelas.
En este
contexto, los problemas de altas o bajas en el acceso y la cobertura de la
población a la vida escolar no son problemas cuyos orígenes haya que buscarlos
exclusivamente en el interior de los muros escolares, sino que por el
contrario, los mismos son el producto de la articulación de múltiples factores
exógenos y endógenos a la vida escolar, que solo la investigación científica
podrá determinar en cada caso, sea el de un o una estudiante, un centro
escolar, un núcleo educativo, o el país como totalidad objeto de estudio.
Por eso es
que es incorrecto adjudicarle solamente a la escuela y al sistema escolar sus
achaques y malestares. Pedirle cuentas solamente a las escuelas porque niños,
niñas y jóvenes no vienen o se van de sus aulas, ignorando factores de carácter
cultural, demográficos, sociales y económicos, es hacerles una mala jugada a
estos aparatos situados en el cruce de múltiples influencias, incidencias y
determinaciones en cada barrio o cada comarca del país.