Algunas personas que leyeran
nuestro artículo sobre los viudos y viudas de la Autonomía Escolar nos han
preguntado cómo es eso de que con las transferencias financieras mensuales del
Ministerio de Educación a las escuelas, durante los dieciséis años neoliberales,
se conducía a trasladar a las familias empobrecidas del país la obligación del
Estado de financiar la educación pública y por ende a la privatización de la
misma.
La trampa
consistía en que las transferencias para cada centro educativo se establecían
de acuerdo a una determinada cantidad de dinero calculada conforme a una
fórmula aritmética y multiplicada según el número de estudiantes de cada centro
educativo. El problema era que la cantidad de dinero de las transferencias
cubría apenas entre un 60 y un 70 por ciento de los montos que las
instituciones educativas necesitaban para funcionar adecuada y decentemente.
¿Y
entonces cómo hacían los llamados Consejos Directivos Escolares para completar
esa brecha del 30 o 40 por ciento, y completar el pago de los bienes y
servicios para el funcionamiento de los centros educativos y poder pagar los
bonos de los sobresueldos a los maestros, los que sustituían la ausencia de aumentos
de sueldos al magisterio que eran obligación de los gobiernos? Dependiendo de
la creatividad de sus miembros, los mecanismos para la obtención de dinero eran
abundantes y variados.
En nuestro
estudio sobre “El derecho a la Educación en Nicaragua”, publicado en el 2008,
con base en los resultados de nuestras investigaciones realizadas en el Ideuca
de Juan Bautista Arríen, llegamos a la conclusión de que esos mecanismos de
saqueo y robo a los bolsillos de los padres de familia, por su frecuencia y comportamientos
similares, era posible agruparlos en cuatro modalidades, a saber: el pago por
derecho de matrícula y mensualidades de parte de los estudiantes; la venta de
comida chatarra y chucherías en las “pulperías y librerías escolares”; la
realización de múltiples actividades recaudatorias de dinero entre padres y
madres de familia y la alteración de las matrículas escolares para inflar las
transferencias.
Existen
numerosas evidencias y estudios que desnudaban la naturaleza profundamente
antieducativa de las llamadas “cuotas voluntarias”. La Procuraduría de Derechos
Humanos de la Niñez y la Adolescencia publicó en los años 2003 y 2006 dos
informes en los cuales se descubrían las múltiples maneras de cómo las escuelas
cobraban a las familias por sus servicios, vulnerando el derecho universal a la
educación en Nicaragua.
Acerca de
las “pulperías escolares”, estas funcionaban como entes especializados del
mercado al menudeo. Ahí había de todo lo que una clientela de niños y
adolescentes (y aun adultos, las maestras) podían comprar, desde meneítos y
lapiceros hasta toallas sanitarias. En Sébaco, Matagalpa, en las escuelas
públicas, se cerraban las llaves del agua potable a las diez de la mañana, para
obligar a los niños a comprar agua fría en bolsitas en las pulperías de los
centros de estudio.
Sobre las
“actividades recaudatorias”, estas iban desde los “viernes locos”, las rifas
mensuales, las verbenas de los sábados chiquitos, hasta los paseos por los
centros de compras de Managua.
Respecto a
la alteración de las matrículas escolares, en marzo del 2007 encontramos
documentación del Instituto Ramírez Goyena de Managua, en la que se consignaba
que la matrícula real era de 1,200 estudiantes, pero ellos informaban a la sede
del MECD que la matrícula era de 1,600 estudiantes, con el fin de recibir mayor
cantidad de dinero vía transferencia por esos 400 estudiantes fantasmas. Mejor
ejemplo de corrupción, imposible.
