La tenaz insistencia del doctor
Humberto Belli al proponerse defender lo que él llama “descentralización y
participación ciudadana” en las cuestiones de los centros educativos, no logra
ocultar la perversidad del modelo de financiamiento educativo, que él contribuyó
a importar e implantar en nuestro país durante los años del calvario
neoliberal.
La
descentralización y la participación fueron el pretexto, lo real, lo cierto, lo
verdadero, lo históricamente comprobable, fue que el reducido financiamiento
mensual a los centros educativos de parte del Estado y la consecuente búsqueda
de dinero de parte de los llamados Consejos Directivos Escolares, para el
financiamiento de aquellos aspectos que quedaban desprotegidos, fue conformando
un círculo vicioso y una cultura organizacional característica de este tipo de
modelos, institucionalizando y dando como normal y hasta lógico y necesario, la
violación al principio constitucional de la gratuidad y por ende al Derecho
Humano a una educación de calidad para todos y todas.
Cuando en
una organización social, jurídica e históricamente constituida, como los centros
educativos, se realizan recurrentemente actividades sancionadas por la
convención, como correctas y deseables, poco a poco, sin que nadie se lo
proponga, van adquiriendo autonomía respecto a la voluntad de los actores
sociales y se van convirtiendo en acciones necesarias para su funcionamiento y
existencia, provocando su legitimidad e institucionalización.
Para el
caso de la educación en el período neoliberal, esta fue forjando sus propios
mecanismos, valores y patrones de comportamiento, tanto a lo interno de los
centros educativos, como respecto a las relaciones entre estos y las familias
con hijos matriculados en los mismos. En la sociedad revolucionaria de los años
ochenta, no se dejó ningún espacio cultural sin promover, sembrar y cultivar de
valores y principios patrióticos y populares ligados a los intereses de la
población empobrecida. En la sociedad neoliberal, donde el mercado era abierta,
radical y absolutamente el mecanismo que regía y ordenaba el comportamiento
social, la escuela que era el lugar para reproducir los valores dominantes y
formar los recursos para que el mercado funcionara, también fue espacio
predilecto para convertir las relaciones sociales escolares en relaciones
mercantiles.
De esta
manera, el cobro mensual en las escuelas mediante el mecanismo de las llamadas
“cuotas voluntarias”, la forja y desarrollo de las “pulperías escolares”, la
creación de múltiples “actividades recaudatorias” de dinero en las escuelas y
la alteración de las matrículas escolares para inflar las transferencias, eran
procesos sistémicos y absolutamente coherentes y lógicos con los procesos de
compra-venta que se construían y desarrollaban multiplicados en centros
comerciales, plazas, calles y avenidas y en el mercado formal e informal de las
ciudades, conformando el corazón del régimen social conocido como
neoliberalismo.
Para el
análisis sociológico de la escuela, este hecho lógico y hasta natural, no
tendría nada de extraño, si no fuese que el mismo tuvo consecuencias negativas
de gran envergadura, tanto para el goce pleno del derecho a la educación de
parte de la niñez y la juventud empobrecida, como para la función educativa y
formativa de las escuelas y la profesión docente en Nicaragua.
La
introducción del dinero a los centros escolares, el afán empresarial de
ganancias a toda costa y la usura como valor predominante en las relaciones
entre los actores sociales escolares, no dejó títere con cabeza, lo prostituyó
todo, desde la pedagogía hasta la administración escolar, desde la matrícula
escolar, las calificaciones estudiantiles hasta la profesión magisterial. Una
verdadera catástrofe moral y ética, que aún al día de hoy todos sufrimos y
lamentamos.
