Por lo general, el análisis educativo nicaragüense ha sido mecanicista, excluyente y escolarizado, motivo por el cual, los diagnósticos y las recomendaciones de cambio educativo y de política educativa se refieren casi siempre a temas meramente escolares, esto es: maestros, currículo, estudiantes, gestión, presupuesto, evaluación, etc., haciendo abstracción y excluyendo las relaciones sociales y culturales del contexto económico y social de donde vienen los estudiantes a los centros escolares. Este enfoque estuvo presente a la hora de traer del extranjero, adoptar e implantar un modelo de gestión, organización y financiamiento escolar, como fue la Autonomía Escolar, sino que también actualmente a la hora de defenderlo y rogar a Dios por su retorno.
El fracaso de la Autonomía Escolar en Nicaragua y de todos los programas de este tipo en los demás países de Centroamérica Pronade en Guatemala, Educo en El Salvador y Proheo en Honduras, era lo previsible en sociedades sometidas a los más duros rigores de la pobreza, en donde todo lo que huele a dinero, usura y ganancias, pronto pasan a ser parte de los circuitos de relaciones sociales entre vecinos, amigos y familiares.
Seguramente quienes idearon el modelo de financiamiento educativo de la Autonomía Escolar lo hicieron pensando en sus propios lugares de origen como Chile y Uruguay, países de clases medias, con fuertes tradiciones educativas y culturales y de participación ciudadana. Para los promotores del mismo el supuesto era, ¿si funciona en Chile, por qué no en Centroamérica?. Al final, en tanto las condiciones objetivas y subjetivas (económicas y culturales) de los países de esta región eran diferentes, el modelo fracasó. Era obvio, la lucha por la sobrevivencia y los usos y costumbres en la economía informal de los sectores empobrecidos en las calles, se trasladaron intactos a los centros educativos a través de los llamados Consejos Directivos Escolares, y crearon las condiciones para la construcción al detalle del modelo privatizador.
Para los promotores y defensores de la Autonomía Escolar en Nicaragua, en aquellos días (y en la actualidad), esta era una novedosa apuesta de descentralización educativa, en virtud de la cual, el Gobierno de la república trasladaba sus responsabilidades a los padres y madres de familia a fin de que estos administraran los centros educativos. Lo que ocultaron sus promotores en aquellos días y ocultan hoy, es que la famosa descentralización, no era ni administrativa ni mucho menos académica (referida a la gestión del currículo) sino principal y fundamentalmente financiera, esto es: que el Estado se desresponzabilizaba del financiamiento escolar, y trasladaba, directamente y sin mediaciones, esa responsabilidad a las empobrecidas familias de la educación pública nicaragüense.
La implantación del modelo financiero de la Autonomía Escolar en Nicaragua tuvo un impacto negativo muy grande para las familias y las instituciones educativas escolares, e igual o peor lo fue para el sentido de la profesión docente, en tanto la relación maestro-estudiante, que hipotéticamente debe ser una relación educativa, en muchos casos, pasó a ser una relación mercantil, según la cual, los maestros se convirtieron en los cobradores de las “cuotas voluntarias” de sus propios alumnos, porque de ellas dependía su sobresueldo. Así, junto a enseñar matemáticas y normas de comportamiento ciudadano, los maestros y maestras, tenían que asumir cuotas importantes respecto a la responsabilidad institucional de conseguir dinero para sí mismos, o para el pago de los servicios del centro educativo no cubierto por la transferencia gubernamental. Como consecuencia de esto, para los centros educativos al ser asimilados y subsumido, a las más vulgares maneras y modos del mercado, la introducción del dinero y el afán de lucro y ganancia en los recintos escolares, trajo consigo a su hermana gemela, indetenible, avasallante e incontrolable: la corrupción.
El 11 de enero del año 2007 fue el primer día del gobierno sandinista, que encabezado por el comandante Daniel Ortega Saavedra había sido electo el 6 de noviembre del 2006, y que había prometido educación gratuita y de calidad a la niñez y juventud nicaragüense. Con esa promesa, ese día, el experimento privatizador fue clausurado, quedando sembrado en la memoria de padres y madres de familia, maestros y estudiantes como el Día Nacional de la Educación Nicaragüense.
