Después del año 2007, año en que
la población empobrecida recuperó su derecho a la gratuidad de la educación en
Nicaragua, los viudos y viudas de la Autonomía Escolar, unas veces como
Institutos de Investigaciones, otras como académicos y analistas, otras como
operadores políticos, de vez en cuando alzan su voz para recordarnos que la
amenaza de la privatización neoliberal de la educación, aún bajo tierra, sigue
estando presente.
El último
intento apareció recientemente en la página de opinión de un medio de prensa
local. El exministro de Educación, doctor Humberto Belli, el más conspicuo e
insistente representante de esta corriente, recomienda a nuestro Gobierno no
nombrar a maestros en los altos cargos de la educación nacional, sino a
administradores de empresa o economistas. Igual que en el caso de la llamada
Autonomía Escolar, este consejo no es propio del doctor Belli; entre finales de
los años noventa e inicios del presente siglo, por recomendaciones de
organismos de financiamiento internacional, casi el setenta por ciento de los
ministros de Educación en América Latina eran economistas que antes habían sido
ministros de Hacienda o gerentes de empresas locales.
Fue la
época en que en Nicaragua fueron ministros de Educación un expresidente del
Banco Central y un exgerente de la Refinería. De esos dos ministros lo único
que se recuerda es que fueron eficientes activistas del proceso de
privatización de la educación. Fueron los días en que se redactaron las
normativas para el cobro y el uso del dinero en las escuelas y se promovió la
idea de la municipalización de la educación, camino a que las alcaldías se
hicieran cargo del financiamiento de las escuelas en sus municipios.
El otro
tema al que se refiere el doctor Belli es lo que él llama descentralización de
la educación, como figura administrativa que supuestamente sirvió de base al
modelo financiero conocido como Autonomía Escolar.
En los
días de inicio de la Autonomía Escolar, esta fue presentada como un original y
novedoso modelo de descentralización de la educación. Posteriormente, entre
1993 y 2006, en los documentos oficiales del Ministerio de Educación, al
referirse al tema de la Autonomía, se insiste reiteradamente en identificar a
este programa privatizador como de descentralización de la educación. No
obstante, cuando se observan de cerca, pieza por pieza, las prácticas y
relaciones de las instituciones educativa bajo el régimen de Autonomía Escolar,
y se profundiza en su análisis, se comprueba que esta no solo fue un modelo de
desconcentración de responsabilidades vulgar, común y corriente, sino que de
todas las funciones susceptibles de ser desconcentradas, la que en realidad fue
sujeto de desconcentración fue solamente la función financiera.
Esto nos
expresa que, en rigor, la Autonomía Escolar no fue ni más ni menos que un
proceso de desconcentración del Presupuesto Nacional de la Educación, desde las
oficinas financieras del Ministerio de Educación hacia los centros educativos y
no ningún modelo de descentralización; todo con el propósito de trasladar a las
familias empobrecidas del país la obligación del Estado de financiar la
educación pública y avanzar hacia la privatización de la misma.
