En aquellos días, hace veinticuatro años, la autonomía escolar fue presentada como un original y novedoso modelo de descentralización de la educación. No obstante, cuando se observan de cerca, pieza por pieza, las prácticas de la institución educativa bajo el régimen autonómico y se separan las referidas a los ámbitos y procesos administrativos, es posible concluir que esta más que un modelo de descentralización de la educación, fue un proceso de desconcentración financiera del Presupuesto educativo, desde la sede central del Ministerio de Educación hacia los centros escolares.
La desconcentración financiera del presupuesto, siendo un proceso técnico, tuvo consecuencias sociales de gran envergadura, las que se expresaron fundamentalmente en el traslado a los padres y madres de familia, la responsabilidad del Estado respecto a la educación de sus hijos, negando así rampantemente el derecho a la educación de la niñez y juventud nicaragüense que hacía uso de la educación pública.
Los fundamentos del engendro fueron las llamadas “transferencias escolares”, las que como su nombre lo indica, se trataba del envío desde la sede central del Ministerio de Educación, a las escuelas e institutos nacionales de todo el país, de una determinada cantidad de dinero para cada centro educativo, de acuerdo a una fórmula aritmética calculada según el número de estudiantes, conforme información que declaraba cada director de los mismos, sin ninguna comprobación, de parte de alguna instancia u órgano de control o fiscalización.
Con el monto de la transferencia, en cada centro educativo se pagaba el sueldo de los maestros y todos los bienes y servicios que las mismas necesitaban para funcionar, el problema era que a pesar que muchas veces la matrícula informada se presentaba “inflada”, la cantidad de las transferencias apenas cubría el 70 u 80 por cierto de los montos que las instituciones educativas necesitaban para funcionar adecuada y decentemente.
Frente a esta situación, los llamados Consejos Directivos Escolares (CDE) y los directores de los centros educativos, tuvieron que crear una serie de mecanismos para completar ese 20 o 30 por ciento faltante y poder pagar los bonos de los sobresueldos a los maestros y completar el pago de los bienes y servicios para el funcionamiento de los centros educativos.
Así, dependiendo de la creatividad de los miembros del (CDE), los mecanismos para la obtención de dinero se agrupaban en tres paquetes financieros: a) las llamadas “cuotas voluntarias”; b) la venta de chucherías y bienes y servicios en las “pulperías y librerías escolares”, y c) la realización de múltiples actividades recaudatorias de dinero entre padres y madres de familia y la población del entorno de los centros de estudios.
Existen numerosas evidencias y estudios que en el pasado desnudaron la naturaleza profundamente antieducativa del modelo sobre las llamadas “cuotas voluntarias”. La Procuraduría de Derechos Humanos Especial de la Niñez y la Adolescencia publicó en los años 2003 y 2006 sendos informes en los cuales se descubrían las múltiples maneras acerca de cómo las escuelas cobraban a las familias por sus servicios y vulneraban el derecho a la educación en Nicaragua.
Acerca de las “pulperías y librerías escolares”, estas funcionaban como entes especializados del mercado al menudeo; ahí había de todo lo que una clientela de niños y adolescentes (y adultos, las maestras) podían comprar, desde libros de texto, cuadernos, caramelos y lapiceros, hasta toallas sanitarias. En Sébaco, en el departamento de Matagalpa, en las escuelas públicas se cerraban las llaves del agua potable a las diez de la mañana, para obligar a los niños a comprar agua fría en bolsitas en las pulperías de los centros de estudio.
Sobre las “actividades recaudatorias”, estas iban desde los “viernes locos“, las rifas semanales, las verbenas de los “sábados chiquitos”, hasta los paseos por los centros de compras de la ciudad capital. En Boaco, ofrecía testimonio una maestra, que a ella la obligaban a bajar o subir las notas a sus estudiantes en la asignatura de matemáticas, según estos fueran o no al paseo quincenal por el cual debían pagar hasta cincuenta córdobas, lo que afectaba la calidad de la educación y obviamente el presupuesto de las empobrecidas familias.
