El viernes ocho de junio pasado el Consejo
Nacional de Evaluación y Acreditación, CNEA, convocó a las cincuenta y
siete universidades y Centros de Educación Terciaria existentes
oficialmente en el país, con el propósito de explicarles los procesos de
autoevaluación y evaluación institucional previstos en la ley y
hacerles entrega de las guías correspondientes para iniciar el proceso
en cada unidad académica.
Todo estaría bien, si no fuese por el momento en que se hace, casi seis años después de creado el CNEA, en el que se incluyen seis años de sueldos y salarios, y con base en una ley con profundas carencias y deficiencias. La ley que aplica el CNEA es parte de la reducida legislación de la educación nicaragüense, la que exceptuando los artículos de la Constitución Política y la Ley General de Educación, el resto, comparada, con otras leyes de su mismo tipo y naturaleza de América Latina, es, por decir lo mejor, extremadamente precaria.
La Ley 704, aprobada el 13 de abril de 2011 y publicada en La Gaceta el 12 de septiembre del mismo año, con el nombre de Ley Creadora del Sistema Nacional para el aseguramiento de la Calidad de la Educación y Reguladora del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, a contrapelo de su larguísimo y enredado nombre y de referirse a toda la Educación Nacional, está sola y expresamente orientada a las instituciones de Educación Superior, mencionando solamente de manera incidental a las educaciones regidas por el Mined, Inatec e Intecna, como que si la calidad de la educación no fuese una construcción social sistémica, y la Educación Superior no fuera parte de un macrosistema como es el Sistema Educativo Nacional. ¿No es acaso que el lugar en que es posible observar la calidad de la educación, es en los aprendizajes de los estudiantes?, ¿y de dónde vienen los estudiantes que asisten a la Educación Superior? ¿Acaso no es de la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria?
El problema es de calidad. Es lo que hubiera pasado con la Ley General de Educación, si el borrador original que había preparado la Presidencia de la Comisión de Educación de esa época, hubiera sido aprobado sin que antes intervinieran en él durante dos años, múltiples colegas de la CGTEN-ANDEN, el CNU, la UNAN-Managua, el Ideuca y la Comisión de Legislación del Foro Nacional de Educación.
Con la Ley 704 ocurrió algo peor, pues a la incompetencia se le sumaron múltiples e inocultables intereses comerciales y sin ningún rubor convirtieron en Ley de la República, textos como los siguientes: “Para que una institución de educación superior mantenga la calidad de tal deberá (…) ofrecer al menos cuatro carreras profesionales (…) realizar o mantener, por lo menos, un proyecto de investigación relevante por año, en las áreas que se ofrecen”.
Leyeron bien, para que uno de estos centros de enseñanza pueda ser reconocido, según su calidad, deben ofrecer al menos cuatro carreras y realizar un proyecto de investigación. ¿Qué les parece? ¿Podrá la UNAN-Managua sentirse orgullosa de ser acreditada con base en una ley, que apenas pide cuatro carreras y un proyecto de investigación para que un centro de educación superior pueda ser reconocido como tal, cuando solo el Departamento de Pedagogía de una de sus nueve Facultades ofrece cinco carreras y el CIRA y el Cigeo, son Centros de Investigaciones de referencia nacional e internacional? ¿Y la UNAN-León; la UNI, la UNA, la UCA y la Upoli?
En suma: una Ley hecha a la medida de los cuarenta y tantos centros de enseñanza terciaria del país, para su legitimación y legalización, como si fuesen iguales a las universidades del país como Centros de investigación, enseñanza y extensión.
El caso de esta ley en Nicaragua, es el mismo de la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) de Chile, aprobada por diputados dueños de centros educativos durante la dictadura pinochetista, y que hoy, por esta circunstancia, tiene entrampada a la educación chilena y es casi imposible reformar.
Mucha pena y mucho dolor por nuestra educación. Donde se pone el dedo, ahí duele.
* Profesor de Sociología de la Educación, UNAN-Managua.
migueldecastilla68@hotmail.com
Todo estaría bien, si no fuese por el momento en que se hace, casi seis años después de creado el CNEA, en el que se incluyen seis años de sueldos y salarios, y con base en una ley con profundas carencias y deficiencias. La ley que aplica el CNEA es parte de la reducida legislación de la educación nicaragüense, la que exceptuando los artículos de la Constitución Política y la Ley General de Educación, el resto, comparada, con otras leyes de su mismo tipo y naturaleza de América Latina, es, por decir lo mejor, extremadamente precaria.
La Ley 704, aprobada el 13 de abril de 2011 y publicada en La Gaceta el 12 de septiembre del mismo año, con el nombre de Ley Creadora del Sistema Nacional para el aseguramiento de la Calidad de la Educación y Reguladora del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, a contrapelo de su larguísimo y enredado nombre y de referirse a toda la Educación Nacional, está sola y expresamente orientada a las instituciones de Educación Superior, mencionando solamente de manera incidental a las educaciones regidas por el Mined, Inatec e Intecna, como que si la calidad de la educación no fuese una construcción social sistémica, y la Educación Superior no fuera parte de un macrosistema como es el Sistema Educativo Nacional. ¿No es acaso que el lugar en que es posible observar la calidad de la educación, es en los aprendizajes de los estudiantes?, ¿y de dónde vienen los estudiantes que asisten a la Educación Superior? ¿Acaso no es de la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria?
El problema es de calidad. Es lo que hubiera pasado con la Ley General de Educación, si el borrador original que había preparado la Presidencia de la Comisión de Educación de esa época, hubiera sido aprobado sin que antes intervinieran en él durante dos años, múltiples colegas de la CGTEN-ANDEN, el CNU, la UNAN-Managua, el Ideuca y la Comisión de Legislación del Foro Nacional de Educación.
Con la Ley 704 ocurrió algo peor, pues a la incompetencia se le sumaron múltiples e inocultables intereses comerciales y sin ningún rubor convirtieron en Ley de la República, textos como los siguientes: “Para que una institución de educación superior mantenga la calidad de tal deberá (…) ofrecer al menos cuatro carreras profesionales (…) realizar o mantener, por lo menos, un proyecto de investigación relevante por año, en las áreas que se ofrecen”.
Leyeron bien, para que uno de estos centros de enseñanza pueda ser reconocido, según su calidad, deben ofrecer al menos cuatro carreras y realizar un proyecto de investigación. ¿Qué les parece? ¿Podrá la UNAN-Managua sentirse orgullosa de ser acreditada con base en una ley, que apenas pide cuatro carreras y un proyecto de investigación para que un centro de educación superior pueda ser reconocido como tal, cuando solo el Departamento de Pedagogía de una de sus nueve Facultades ofrece cinco carreras y el CIRA y el Cigeo, son Centros de Investigaciones de referencia nacional e internacional? ¿Y la UNAN-León; la UNI, la UNA, la UCA y la Upoli?
En suma: una Ley hecha a la medida de los cuarenta y tantos centros de enseñanza terciaria del país, para su legitimación y legalización, como si fuesen iguales a las universidades del país como Centros de investigación, enseñanza y extensión.
El caso de esta ley en Nicaragua, es el mismo de la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) de Chile, aprobada por diputados dueños de centros educativos durante la dictadura pinochetista, y que hoy, por esta circunstancia, tiene entrampada a la educación chilena y es casi imposible reformar.
Mucha pena y mucho dolor por nuestra educación. Donde se pone el dedo, ahí duele.
* Profesor de Sociología de la Educación, UNAN-Managua.
migueldecastilla68@hotmail.com
